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Una idea peligrosa: legislar para castigar un grupo específico de personas

La semana pasada el Congreso de Estados Unidos aprobó (eso creo) una ley para que los ejecutivos de AIG regresen el dinero que recibieron como bonos o para que por lo menos lo tengan que devolver como impuestos.

El escándalo, para mí, no es ni AIG ni los bonos (de eso ya se ha hablado hasta causar náuseas) sino que los legisladores, en cuanto legisladores, impongan sanciones, reviertan contratos, aprueben medidas retroactivamente y, sobre todo, impulsen leyes que afectan a un grupo específico de personas, pero no a la población en general.

Cuando escuché en los medios la historia  de las medidas que el Congreso adoptó con respecto a AIG, inmediatamente me pregunté cuánto tiempo pasaría antes de que ese mismo Congreso adoptase medidas para imponer restricciones para otros grupos de “indeseables”.

Mi razonamiento fue sencillo: si está mal que estos ejecutivos reciban dinero en una época de mala economía, ¿cuánto tiempo pasará para que alguien sostengan que también está mal que, por ejemplo, los inmigrantes, reciban dinero (sin importar la cantidad) en esta época de mala economía?

Me sorprendió, pero no tanto, escuchar pocos minutos después en un conocido comentarista que tiene su programa de radio a nivel nacional (en inglés) proponiendo precisamente eso, que se le exija al Congreso que se pase una ley por la que cada familia tendría que revelar ante las autoridades federales si en esa familia hay alguna persona indocumentada, antes que cualquier otro miembro de la familia pudiese recibir cualquier tipo de pago (incluyendo salarios).

Ese comentarista incluso pidió que su audiencia llamase a los congresistas para impulsar esta idea de “legalmente” convertir a cada miembro de la familia en un delator de otros miembros o pagar las consecuencias económicas de no hacerlo.

Debo confesar que me molestó que casi inmediatamente gente de todo el país comenzase a llamar a la radio expresando sus opiniones a favor de esa idea. De hecho, tanto me molestó, pensando en las indeseables consecuencias que la implementación de esa ley tendría, que ya no seguí escuchando.

Ese mismo día pero algo más tarde, participé en una reunión con un grupo de inmigrantes hispanos y, para mi sorpresa, también ellos se expresaron a favor de una ley obligue a ciertos inmigrantes a devolver dinero e incluso algunos estuvieron a favor de que las mismas familias “denuncien” a familiares indocumentados.

De nada sirvió argumentar sobre la base de los derechos y garantías de la Constitución, ya que el pretexto es que “la economía está mala”, como si una mala situación económica fuese prácticamente una autorización para dejar de lado el estado de derecho y las normas éticas y morales.

Es cierto que en circunstancias extremas la gente tomará medidas extremas y hará cosas extremas para sobrevivir, como en el caso del equipo uruguayo de rugby cuyo avión se estrelló en los Andes en octubre de 1972.

¿Hasta qué extremo se llegará ahora? Después de todo, muchas cosas que hasta hace poco se consideraban impensables e imposibles ahora están sucediendo.

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